Nacional

Proyecto de Ley de Incitación a la Violencia: ¿A quiénes sanciona y cuáles son sus penas?

  • Por María Ignacia Pentz

Este lunes, en el Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley de Incitación a la Violencia, iniciativa que ahora deberá ser analizada en el Congreso. 

"Con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de agresiones verbales, físicas o psicológicas motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima. Aún resuena en nuestra memoria el horroroso crimen en contra de Daniel Zamudio, asesinado brutalmente por el solo hecho de ser gay. Ataques como estos, basados en el prejuicio y la intolerancia siguen repitiéndose cada cierto tiempo", expresó la Mandataria. 

Aseguró, también, que firma este proyecto "para que difundir mensajes odiosos, sembrando división entre los miembros de nuestra sociedad, tenga la sanción que corresponda". 

La iniciativa, a través de la que se agregará un nuevo artículo al Código Penal, sanciona como delito la incitación directa pública o a través de medios que puedan ser difundidos, a la violencia física en contra de una persona o grupos de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias. 

La pena por este delito será de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y una multa de entre 30 a 50 UTM ($1.400.790 a $2.334.650). Y si este es cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años de presidio y la multa será de 50 UTM. 

Además, se modificará la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para hacerlas responsables de este delito cuando sea cometido en interés de estas por sus dueños, controladores, ejecutivos, representantes o quienes tengan funciones de administración y supervisión. 

También se deroga la norma de la Ley de Prensa que sólo sanciona con multa a los medios de comunicación que hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades. 

"No faltará quien diga que se trata de algún tipo de censura o limitación a la libertad de expresión, y no. No estamos hablado de limitar una libertad garantizada por nuestra constitución (...) Sino de introducir marcos mínimos de responsabilidad frente a la sociedad, evitando expresiones y llamados a la violencia que dañan o menoscaban a personas o grupos de manera arbitraria", concluyó Bachelet. 

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