Caso títulos falsos: Gendamería suspende pago de asignación profesional a 58 funcionarios

Por Jorge Molina Sanhueza y Jéssica Bahamondes

Gendarmería suspendió el pago de asignaciones profesionales a un total de 58 funcionarios, bajo la sospecha de que presentaron títulos supuestamente falsos para obtener dicho beneficio, que implica entre 300 a 500 mil pesos más de sueldo.

De acuerdo al documento que publica íntegramente Ahora Noticias, la decisión se tomó luego de que el servicio de prisiones consultara a la Contraloría respecto a cómo proceder en un caso de esta naturaleza.

En el pronunciamiento del organismo fiscalizador, revelado ayer por este medio, se indicaba que aún cuando en la normativa no existía un procedimiento claro, la suspensión del pago era la alternativa más viable para proteger los intereses fiscales.

Gendarmería, en ese entendido, siguió la recomendación y dictó la resolución exenta 2780, fechada este lunes, en donde el subdirector de administración y finanzas (s) Gabriel González, hizo lo propio.

"El antedicho pronunciamiento (el de Contraloría) que en la medida en que se cuenten con antecedentes de los cuales se infiera que en el otorgamiento de las asignaciones profesionales a cierto funcionarios existieron irregularidades relativas a la obtención de los citados títulos habilitantes, se debe adoptar las medidas provisionales que se estimen oportunas, dentro de las cuales se encuentra la de suspender el pago de dicho estipendio para efectos de resguardar adecuadamente el patrimonio fiscal", se lee en la resolución del servicio.

Dentro de los afectados por la decisión, está el teniente coronel y subjefe regional del Maule Rubén Esparza.

La determinación comenzará a operar dentro de los próximos quince días y será comunicada a Dipreca, para efectos del descuento respectivo. El anotado procedimiento, será sustanciado por la subdirección de Administración y Finanzas y la Unidad de Asesoría Jurídica.

El dictamen interno, en todo caso, no significa que todos los mencionados sean necesariamente responsables, por lo que Gendamería podría también revocar el descuento, una vez que el sumario interno llegue a conclusiones fundadas.

Si bien el dictamen del servicio menciona a 63, se indica que se descontaron cinco funcionarios. Entre ellos algunos que no reciben asignación profesional "y otros que se encuentran en retiro, y que por ende ya no reciben remuneraciones, sino que gozan de una pensión".

Investigación

Al respecto, hay que recordar que la semana pasada el fiscal Centro Norte Jaime Retamal, formalizó a tres personas por estos hechos, quedando dos pendientes para el próximo mes bajo el delito de estafas reiteradas.

En la misma línea del Ministerio Público, aunque basándose en otro ilícito, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó -tal como lo reveló Ahora Noticias- una querella criminal por fraude al fisco, en contra de cinco personas.

De acuerdo a lo acreditado hasta ahora en la indagatoria del fiscal Retamal, existirían cinco presuntos autores de hechos delictuales.

Se trata de los capitanes Leandro Tegle y Ricardo Luna. Ambos, en 2012, se desmpeñaban como presidente y secretario de la ANOPRO respectivamente. Le siguen el sargento Juan Yáñez, presidente de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería (Agenchi) en el mismo año y el ingeniero civil Patricio Silva.

El modus operandi según la fiscalía, criterio al que también adhiere el CDE, señala que Silva, como dueño de la sociedad Siljor, se alió con los anteriores, con el fin de que distintos funcionariios obtuvieran “cursos express” en el Instituto Profesional Valle Central, los que serían habilitantes para obtener la asignación profesional.

Junto a lo anterior, también habrían existido entrega de "certificados de egreso de la carrera de ingeniería en Ejecución en Seguridad de la Universidad La República, certificados de ramos aprobados y notas incluidas (?) los que eran falsos”, detalla el libelo del CDE, dando cuento de los antecedentes que constan en la carpeta de investigación. También se incluyó a la Universidad SEK. Ambas casas de estudio también interpusieron las acciones legales respectivas.

 

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