Congreso despacha a ley proyecto que permite que la PDI ingrese a viviendas para agilizar expulsiones de migrantes
¿Qué pasó?
Ingresar a un domicilio para detener a una persona con una orden de expulsión será una de las nuevas facultades que contempla la reforma migratoria despachada por el Congreso. La medida, sin embargo, requerirá autorización previa de un juez y tendrá como único objetivo concretar la detención de quienes tengan una orden de expulsión administrativa firme y ejecutoriada.
El proyecto fue aprobado este martes por el Senado, que respaldó el informe de la Comisión Mixta con 37 votos a favor y una abstención. La Cámara de Diputados ya había dado su aprobación con 128 votos a favor y 11 en contra, por lo que la iniciativa completó su tramitación legislativa.
¿Cuándo podrá ingresar la PDI a un domicilio?
La reforma establece que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito a un juez de garantía autorización para ingresar a un inmueble y detener a una persona que tenga una orden de expulsión administrativa firme y ejecutoriada.
Ir a la siguiente notaEsto no significa que los funcionarios puedan entrar libremente a una vivienda por el solo hecho de que alguien se encuentre en situación migratoria irregular. El procedimiento estará sujeto a requisitos legales y al control previo de un tribunal.
Además, las autoridades podrán solicitar información a organismos públicos para facilitar la notificación de los procedimientos de expulsión. La iniciativa establece restricciones para proteger a niños, niñas y adolescentes y excluye a los establecimientos educacionales y de salud de estas medidas.
Prohibición de reingreso aumenta a cinco años
Entre los otros cambios que contempla el proyecto está el aumento de tres a cinco años del período mínimo de prohibición de reingreso a Chile para los extranjeros expulsados administrativamente. También se fortalecerá el registro de datos biométricos de personas en situación migratoria irregular.
La presidenta de la Comisión Mixta, Danisa Astudillo, destacó, según informó el Senado, que los acuerdos alcanzados incorporaron recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
Sin embargo, durante el debate parlamentario también surgieron dudas sobre las condiciones necesarias para aplicar la reforma. Los senadores advirtieron que su implementación requerirá recursos económicos, capacidad policial y coordinación internacional, por lo que plantearon la necesidad de contemplar financiamiento en el Presupuesto 2027.
La iniciativa fue ingresada en 2024 durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric y posteriormente fue reimpulsada por la administración de José Antonio Kast, quien asumió la Presidencia en marzo de este año.
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